El Gobierno de México inspecciona la cuenca del Río Atoyac, ubicada en los estados de Puebla y Tlaxcala, para identificar fuentes de contaminación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante su conferencia matutina, exhortó a gobiernos municipales, estatales y empresas privadas a respetar la normativa ambiental vigente.

Sheinbaum destacó que muchas empresas ubicadas en las márgenes del río no cumplen con la Norma Oficial Mexicana 001, que regula las descargas de aguas residuales. Aseguró que no se trata solo de aplicar multas, sino de garantizar que estas compañías instalen y operen plantas de tratamiento de aguas para reducir los desechos contaminantes vertidos en el río.

“Se está haciendo un recorrido por toda la cuenca del Río Atoyac, igual que en el caso del Río Tula. Estamos identificando las fuentes de contaminación y exigiendo cumplimiento de la ley”, afirmó la mandataria.

La presidenta señaló que la cuenca del Río Atoyac, donde operan numerosas empresas textileras, enfrenta graves problemas debido a la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. En este contexto, anunció que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) intervendrá para supervisar y sancionar a las compañías incumplidas.

“Tienen que cumplir con la ley. La PROFEPA está dialogando con las empresas para entender por qué sus plantas de tratamiento no funcionan o si ni siquiera las tienen instaladas. Para sanear el río, es indispensable que participen municipios, gobiernos estatales, el gobierno federal y los privados”, señaló.

Sheinbaum adelantó que la Federación apoyará a los gobiernos municipales en la construcción de drenajes marginales. Estas obras permitirán separar las aguas contaminadas de las aguas negras que actualmente se vierten directamente en el río, como parte de las estrategias integrales de saneamiento.

El Río Atoyac, uno de los principales afluentes del centro del país, ha enfrentado altos niveles de contaminación durante décadas, lo que ha impactado negativamente en la salud de las comunidades cercanas y en los ecosistemas locales. Con estas acciones, el gobierno federal busca mitigar los daños y restaurar la calidad del agua en la región.