¡Síguenos!El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) determinó que la información del Movimiento Estudiantil de 1968, contenida en el proyecto de la Colección M68: Ciudadanías en movimiento, impulsado por el Archivo General de la Nación (AGN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, debe ser pública.
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Se determinó que existe un mayor interés de la sociedad en general por conocer y tener acceso a la información sobre los hechos ocurridos en el Movimiento Estudiantil de 1968, que el interés a proteger los datos personales que obran en ella, toda vez que resulta indispensable para el conocimiento de la historia nacional, pero además porque dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo.
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que hay acontecimientos que la sociedad tiene derecho a conocer porque cambiaron para siempre la vida del país, “en 1968 circuló por el mundo una energía que buscaba una explicación distinta al modelo económico imperante y a las costumbres de las circunstancias que asfixiaban a la juventud. Y México no fue la excepción”.
Enfatizó que “el no se olvida sigue siendo una conciencia, una cívica conciencia y solo podría tener luz si es que este tipo de acontecimientos y de reclamos y de convicciones democráticas purgan un poco aquel ominoso trance de nuestra historia contemporánea”.
A su vez, el comisionado Oscar Guerra Ford que anunció la decisión del pleno, sostuvo que en el proyecto de la Colección M68: Ciudadanías en movimiento, busca preservar y divulgar la memoria nacional, a través del acceso libre, público y gratuito a expedientes, fotografías, grabaciones y documentos que permitan la reconstrucción de los hechos, así como distintos procesos de búsqueda de la verdad, justicia y reparación del daño.
Guerra Ford planteó que la información del Movimiento, en posesión del AGN, se integra por la documentación que estaba en poder de distintas dependencias federales, como lo eran la Dirección Federal de Seguridad y la General de Investigaciones Policiacas y Sociales, resguardadas por la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN; la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, conocida como el Servicio Secreto, que estuvo adscrita a la entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, así como la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Expuso que en dichos documentos hay diversa información contenida en informes elaborados por servidores públicos, que dan cuenta del seguimiento y trabajo de espionaje que el gobierno daba a diversos dirigentes estudiantiles a quienes les imputaban religión, ideología e incluso preferencias sexuales, entre diversa información que puede ser catalogada como sensible. Aunque de facto, se desconoce si dichos datos corresponden a la realidad de los titulares de dicha información, dicho en términos actuales, desconocemos si dichos datos cumplen con el principio de calidad, lo cierto es que esta información documenta el trabajo de vigilancia y espionaje realizado por servidores públicos del Gobierno Federal.
“Se estima que, con la socialización de información en posesión del Archivo General de la Nación y con la aportada por el resto de instituciones será posible fortalecer el conocimiento de lo que aconteció en torno al movimiento estudiantil de 1968”, indicó Oscar Guerra.
El comisionado ponente advirtió que si bien es cierto que muchos de los documentos contienen datos personales de personas detenidas y fallecidas como consecuencia de hechos vinculados al movimiento estudiantil de 1968, que incluso pudieran considerarse como datos personales sensibles, se estima que la información que se hará del conocimiento público no sólo para consulta presencial, sino también para consulta virtual, coadyuvará al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, para evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos.
