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Andrés Manuel López Obrador firmó el miércoles el decreto para modificar los artículos 3 y 73 constitucionales y así comenzar el camino para derogar la Reforma Educativa.
En Palacio Nacional, el Presidente presentó la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, acompañado por el consejero jurídico, Julio Scherer y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. “Compromiso cumplido, maestras y maestros de México”, dijo López Obrador desde el Salón Tesorería.
Las modificaciones propuestas incluyen que los maestros no sean evaluados para saber si pueden continuar dando clases; la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que diseñaba las pruebas, y se informó de la liberación de dos maestros considerados como “presos políticos” por las protestas en contra de la Reforma Educativa, además de la reinstalación de los docentes que decidieron no presentar la prueba.
Estas peticiones eran parte de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El Presidente dijo: “jamás se le va a faltar el respeto al magisterio como sucedió recientemente. Se dedicaron a ofender a los maestros, eso se terminó. Hay muy buenas relaciones con los maestros, con las organizaciones sindicales del magisterio”.
El INEE será sustituido por el Centro para la Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación. Moctezuma prometió que este nuevo centro sería “más poderoso” y justificó la desaparición del INEE diciendo: “obviamente las mediciones son muy importantes, pero es más importante que ante tantos cambios que hay en el mundo tenemos que tener un magisterio preparado y actualizado. Ese centro se va a dedicar a ello, además de ser integrado por un consejo ciudadano que va a ser permanente, transexenal y que va a ser una memoria de cómo se toman las decisiones, de manera que se tenga siempre un grupo de mexicanos donde estén representados todos los actores de la educación que puedan darle una guía a la educación pública”.
En la exposición de motivos se explica que es un error aplicarles evaluaciones “sancionadoras y persecutorias” a los maestros, “que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de diferentes culturas y que no pueden ser medidos a través de programas computacionales que sólo registran uno de los muchos aspectos que deben ser tomados en consideración para elevar la calidad de la educación y la preparación de quienes la imparten”.
También se retoma el Servicio de Carrera Magisterial, creado por Elba Esther Gordillo y que fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por no cumplir con “elevar la calidad educativa”.
Ahora se contempla que la actual Coordinación Nacional para el Servicio Profesional Docente –encargada de aplicar las evaluaciones– “en su carácter de organismo desconcentrado, asumirá las funciones que la ley establezca en materia del Servicio de Carrera Magisterial”.
Tras la aprobación de la iniciativa en los congresos locales, se advierte: “se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, reglamentos y acuerdos, contrarias al presente decreto”.
