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En los últimos días y gracias a la obtención de amparos, cuatro exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte procesados por presunto desvío de recursos y desaparición forzada de personas, entre ellos su exjefe de la policía Arturo Bermúdez, han salido de la cárcel. En tanto, otros funcionarios como el exfiscal Luis Ángel Bravo están a punto de hacerlo, tras ganar un recurso en contra de su detención.
Al mismo tiempo el fiscal de la entidad, Jorge Winckler, quien encabezó en los últimos dos años los casos y procesos en contra de 50 exfuncionarios duartistas, entre ellos los que han salido libres, enfrenta la posibilidad de ser destituido debido a diversos juicios políticos promovidos en su contra. Además, la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz tiene la intención de removerlo, utilizando un decreto y una posible reforma constitucional.
Algunos de los juicios políticos son promovidos por los propios abogados y acusados de desaparecer personas, como Arturo Bermúdez.
Ayer Jorge Cisneros, el nuevo secretario de Gobierno de Veracruz, advirtió que “todos los duartistas” podrían salir libres por supuestos errores en los casos integrados por la Fiscalía encabezada por Winckler. Y el nuevo gobernador del estado, Cuitláhuac García, calificó de “aberrante” la actuación del fiscal.
Mientras eso ocurre existen exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte presuntamente ligados a hechos de corrupción, que hasta ahora no han sido acusados de algún delito. Algunos se convirtieron en legisladores federales tras salir de Veracruz, pero hace meses perdieron el fueron que los protegía como legisladores.
Exfuncionarios a la calle
Tan solo esta semana han recuperado su libertad tres exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte que se encontraban presos: el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, el exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac, y el excomisionado del Sistema de Aguas Francisco Valencia. Ninguno de ellos está exonerado, pero ganaron amparos para que sigan sus procesos en libertad y no en prisión, como se había decretado originalmente.
Arturo Bermúdez consiguió a través de un amparo que la jueza responsable de su caso modificara la medida preventiva de prisión que se le había impuesto. Esto luego de que se concluyera que el delito de desaparición forzada que se le imputa, aun cuando es de lesa humanidad, no está considerado en la Constitución como parte de los ilícitos que ameritan prisión preventiva automática.
Bermúdez, al igual que una veintena de expolicías de la administración de Duarte, están acusados de haber implementado una supuesta estrategia de combate al crimen, que en realidad consistía en detener ilegalmente a personas (en su mayoría jóvenes) de los cuales no se volvía a saber de ellos.
En el caso del excomisionado Valencia, enfrenta proceso por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos destinados a obras hidraúlicas, caso por el cual también se encuentra procesado en Ciudad de México el exgobernador Javier Duarte. Por lo que respecta a Audirac, enfrenta juicio por el posible desvío de más de 2 mil 300 millones del Seguro Popular.
Los jueces federales que revocaron las medidas de prisión oficiosa que se habían dictado en contra de los involucrados, aludieron posibles violaciones a sus derechos humanos. En consecuencia, jueces de Veracruz modificaron dichas medidas por otras que implican firmar periódicamente, o no salir del país, pero ya no la prisión preventiva.
Estos dos últimos casos se suman a otros registrados en las últimas semanas. Por ejemplo, el constructor Cesar Augusto Morando Turrent, quien está acusado de un posible fraude al erario, superior a 75 millones de pesos, en la construcción de una Torre Pediátrica financiada con recursos públicos en el gobierno de Duarte. Turrent consiguió a través de un amparo que se le cambiara la medida de prisión preventiva por domiciliaria.
También en noviembre el exsecretario de Salud de la entidad, José Antonio Nemi Dib, consiguió que se le modificara la medida de prisión preventiva. Nemi se encuentra bajo proceso por cargos de posible corrupción tras haber autorizado recursos para la mencionada Torre Pediátrica, que presentó graves irregularidades en su construcción.
La lista de exfuncionarios liberados crecerá luego de que la defensa del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, acusado del delito de desaparición forzada, anunció la obtención de un amparo en contra de la orden de aprehensión cumplida en su contra hace unos meses, y de la medida de prisión preventiva automática que se le dictó.
Animal Político cuenta con copia de la resolución de dicho amparo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resuelta con voto dividido de dos magistrados a uno, y en la misma se concluyó que la Fiscalía del estado violó la suspensión que tenía a su favor el exfiscal de Veracruz cuando lo detuvo. También se estableció que el delito de desaparición forzada no ameritaba prisión automática.
Se prevé que en las próximas horas una jueza de Veracruz modifique la prisión preventiva y ordene la libertad de Bravo, con lo que sumarían cinco los exfuncionarios de Duarte liberados tan solo esta semana.
