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Propietarias de estancias infantiles que reciben subsidio del gobierno federal para operarlas a través de Bienestar Social interpondrán amparos en los Juzgados Federales para evitar que se dé el recorte presupuestal anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Lorena González, en representación de las más de 502 propietarias de estancias infantiles que hay en Puebla, subrayó que es necesario asumir esta medida para evitar que se aplique el recorte presupuestal, tras puntualizar que no han tenido ningún acercamiento con el coordinador de delegados en Puebla, Rodrigo Abdala, por lo que desconocen cómo quedará el programa que tan solo en Puebla beneficia a 19 mil niños, y da empleo a más de 4 mil 600 personas.
En conferencia de prensa para dar a conocer las labores que se realizan dentro de las estancias infantiles y su impacto en la educación inicial, Lorena González en voz de las propietarias de las 502 estancias que operan en Puebla, enlistó los recursos que reciben por cada niño que es atendido y alimentado, así como la cantidad que destinan para los servicios y pago de luz, gas, teléfono, renta y salarios.
Ante las acusaciones de que durante años se inflaron los padrones de niños beneficiarios, así como el número de guarderías “fantasmas”, Lorena González detalló que las que operan conforme lo establece la ley están sufriendo un daño colateral, porque existe una supervisión por parte de los operadores del programa para cotejar que los expedientes de los niños beneficiados estén en orden, y conforme a ello, se entreguen los recursos.
“Si existen anomalías no está en nuestra manos, nosotros nos hemos encargado de trabajar y cumplir con la norma para seguir con las estancias infantiles, nos duele, porque muchos niños no tienen padres y son sus abuelos y tíos los que se encargan de llevarlos a las guarderías, hemos dedicado tiempo, dinero, esfuerzo y amor para atender a los pequeños”.
Precisó que están en su pleno derecho de defender por lo que han trabajado por años, y por ello, estarán solicitando la intervención de las autoridades federales para buscar su protección, a través de los amparos que interpondrán por la medidas adoptadas por el gobierno federal de recortar los recursos, y evitar que desaparezcan las estancias infantiles.