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Comunidades denuncian riesgos ambientales y sociales por la construcción de la megaplanta.
Las comunidades indígenas mayo-yoreme de la bahía de Ohuira, en Sinaloa, anunciaron la toma indefinida de la planta de amoniaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, como parte de una protesta que mantienen desde hace más de una década contra el proyecto industrial.
Bajo la consigna “¡Aquí no!”, representantes comunitarios sostienen que la construcción de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo provocaría daños irreversibles al entorno natural y afectaciones directas a los pueblos originarios asentados en la región.
El gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, informó que las comunidades tomarán las instalaciones el lunes 15 de junio y permanecerán en el lugar hasta obtener resultados concretos. El anuncio ocurrió después de un encuentro con autoridades ambientales federales, entre ellas la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.
De acuerdo con Montaño, el Gobierno de México, mediante la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), busca establecer mesas de trabajo con los habitantes de la zona. Sin embargo, las comunidades únicamente aceptarían esa vía si las negociaciones avanzan de manera paralela con la suspensión de las obras de la empresa.
La planta proyecta producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco, una capacidad que, según los opositores, representa riesgos significativos para la bahía y para las comunidades indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, donde habitan más de 6 mil 600 personas.
Durante 12 años de resistencia, indígenas, científicos y organismos internacionales han expresado preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto. Entre los señalamientos destaca la extracción de 2 mil metros cúbicos de agua salada por hora para los procesos de enfriamiento del amoniaco.
Según explicó Montaño, el agua retornaría a la bahía con una temperatura superior a la original, alcanzando hasta tres grados más, situación que podría alterar el equilibrio ecológico y afectar la actividad pesquera, principal fuente de alimentación y sustento económico de numerosas familias.
El dirigente también recordó que un informe de la empresa contempló la posibilidad de fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, con potencial impacto sobre más de 40 mil personas. Aseguró además que existe información relevante sobre estos posibles escenarios que no fue plenamente difundida.
La preocupación de las comunidades se extiende al humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio RAMSAR de importancia internacional. En esta zona habitan aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alto valor ecológico y comercial.
Montaño afirmó que la construcción registra un avance del 88 por ciento y que ya se han rellenado 28 hectáreas de humedales, además de registrarse afectaciones a manglares y movimientos de fauna silvestre.
Las comunidades mantienen la expectativa de frenar el proyecto, como ocurrió recientemente con el rechazo al megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ en el Caribe mexicano. Paralelamente, continúan cuestionando la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia en 2022, cuyo resultado favoreció a GPO.
El líder indígena aseguró que durante ese proceso se registraron prácticas que vulneraron el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
