La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) se pronunció en contra de la reforma que eliminaría el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a discutirse en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.

En la Cámara Baja se procesará una iniciativa que plantea la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos el INAI y el IFT.

Los beneficios sociales de contar con órganos reguladores independientes no son menores, por lo que se ha buscado la manera de dotarlos de la mayor autonomía posible (en el caso de México, con autonomía constitucional), no sólo para brindar atención a temas como la competencia económica, la protección de datos y la regulación de las telecomunicaciones, que contribuyen a garantizar derechos mediante decisiones técnicas y de alta especialización, sino también para no interferir en su actuar”, manifestó la Canieti en un comunicado.

La Cámara, que agrupa a empresas de todos los segmentos que en conjunto aportan más del 7 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, resaltó que el modelo de reguladores autónomos ha demostrado que “entre más independencia y sistemas de rendición de cuentas tengan los reguladores, hay menor riesgo de discrecionalidad y captura en la toma de decisiones”.

Respecto a la posible desaparición del IFT, la Canieti alertó que ello “implica retornar al punto de partida anterior a 1996 -previo a la creación de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones-, que fue un modelo que demostró no ser el idóneo para consolidar la competencia en el mercado de telecomunicaciones y fomentar las inversiones”.

Resaltó que la operación del IFT “promueve la certidumbre jurídica que es crucial para la atracción y retención de inversiones en un contexto de ‘nearshoring‘”.

Canieti invita al diálogo y pone a disposición de las autoridades la experiencia de la industria, con el objetivo de que las reformas que pretendan llevarse a cabo cumplan con el propósito de contar con organismos reguladores que promuevan el desarrollo tecnológico, económico, social y equitativo, bajo un modelo de autonomía técnica, que ha demostrado importantes beneficios sociales”, manifestó.