El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que su administración se sumó a la controversia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la reforma a la Ley General de Comunicación, que fija un porcentaje a las autoridades municipales para gasto de comunicación social.

“Nosotros fuimos de los primeros que alzamos la mano de que habría que revisarse eso, también ya se presentó, en tiempo y forma, por parte de la sindicatura, la controversia ante la Suprema Corte”.

Agregó que son muchos los municipios en el país que no están de acuerdo con las modificaciones a la ley.

“Son decenas de municipios, no sé si hasta cientos de municipios, los que presentaron la controversia ante la Corte (…) Estamos esperando que, ojalá, pueda haber la suspensión, por parte de la Corte para que no entre en vigor esta ley, y lo que tendrían los ministros es resolver, desahogar si esta reforma que se hizo, esta apegada a derecho y si es constitucional o no”.

Rivera Pérez recordó que nadie puede decir a los ayuntamientos, cómo utilizar los recursos públicos.

“Yo no me puedo organizar como gobierno municipal, o con los alcaldes del área metropolitana, para pedirle al Gobierno del Estado que lo que tenga que gastar en nuestros municipios, tenga que ser ´x´ o ´y´ porcentaje en determinada materia; el Gobierno del Estado me diría: ´oye, discúlpame, eso no te corresponde, la decisión de las finanzas me corresponde a mí como gobierno estatal´.

Y no podrían organizarse los gobernadores del país e imponerle al gobierno federal que se ejerza determinado gasto, en determinada materia, con determinado porcentaje; el gobierno federal diría: ´no, tú eres gobierno estatal y dedícate y gasta tu recurso en función de las necesidades y prioridades que tú tengas´. Lo mismo entonces sucede con el municipio”.

Finalmente, expresó que las decisiones de los regidores y los gobiernos municipales deben ser respetadas.