El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, propuso al Congreso del Estado de Puebla la aplicación de una sanción de hasta con 10 años de cárcel a los funcionarios públicos que sean omisos en su actuación cuando se presente un intento linchamiento.

Alcántara Montiel condenó y lamentó el linchamiento de Daniel Picazo, ocurrido en el municipio de Huauchinango, y criticó la falta de una intervención oportuna de las autoridades.

Manifestó que el primer respondiente a un intento de linchamiento por parte de la población enardecida es el alcalde y la policía municipal, sin embargo, por la falta de capacitación no cumplen los protocolos para impedir que se haga justicia por propia mano.

Eduardo Rivera refirió que esta reforma al Código Penal de Puebla en materia de homicidio tumultuario sumará a los servidores públicos para que sean castigados por no reaccionar a tiempo para poder rescatar y salvar la vida de una persona. 

“Estoy pidiendo también que se incluya en la tipología del delito el que se sancione a los servidores públicos que sean omisos en su actuar. Es decir, que existe un protocolo y son omisos en su actuar. Que sean también sujetos a una sanción penal y no solo administrativa, por no haber cumplido porque al final de cuentas lo que está en juego es la vida de las personas”, dijo.

El legislador precisó que su reforma pretende aumentar la sanción a los autores de seis a ocho años de prisión a quienes participen en un linchamiento y las agresiones deriven en lesiones y su estas son mortales la sanción irá hasta los 12 años.