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Las ruinas y los laberintos burocráticos, sumados a la falta de coordinación entre las oficinas centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y su Centro INAH en Puebla, mantienen al borde de la quiebra a algunos de los 160 constructores que han participado en la tarea de la reconstrucción de 621 inmuebles que quedaron dañados, tras los sismos de septiembre de 2017.
Luego de más de dos años de trabajos, esas empresas han concluido ya ciento por ciento los trabajos, en aproximadamente 300 templos, que son los inmuebles que sufrieron más afectaciones por todo el estado.
Sin embargo, no se les han pagado sus contratos, aduciendo problemas de liquidez del Instituto, además de requisitos que ni siquiera estaban contemplados en las bases de la convocatoria original, denunciaron representantes de varias de estas empresas, que se acercaron a este reportero.
La historia pareciera sacada del costumbrismo burocrático del más rancio priísmo de los años 70, y no de lo que, se supone, debería hacer la pulcritud del régimen de la Cuarta Transformación (4T), que enarbola los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”.
Una y otra vez, los constructores que realizaron las labores de reconstrucción, bajo contrato y de acuerdo con las bases que, en el portal CompraNet publicó el INAH, han sido engañados con promesas y fechas de pagos, que luego resultan incumplidas.
El INAH, de acuerdo con la relatoría de los constructores, es un caos, desde sus oficinas nacionales, cuyo director es Diego Prieto Hernández, hasta su Centro INAH Puebla, en donde fue nombrado el pasado 16 de junio, el arquitecto Manuel Villarruel Vázquez, como titular, en sustitución de Ambrosio Guzmán Álvarez.
El INAH -no está de más recordarlo- depende de la Secretaría de Cultura, que encabeza Alejandra Frausto Guerrero, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Echándose la responsabilidad entre las oficinas centrales y el Centro Puebla, además de involucrar en los pagos retrasados a otras dependencias, los funcionarios del INAH han dado largas a estos contratistas.
Luego de aquellos sismos, principalmente el del 19 de septiembre de 2017, con magnitud de 7.1 en la escala de Richter, Puebla fue uno de los estados más afectados, con 621 inmuebles dañados.
Para su reconstrucción, dicen, “se utilizaron recursos de las aseguradoras, pero al no cubrir el total de las intervenciones, se tuvieron que apoyar con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) -que se han pagado parcialmente- y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”.
En el caso de las que se financiaron con este último fondo, el caso es gravísimo, pues se les adeuda todo, a pesar de que los contratistas ya concluyeron las obras. Como ellos dicen, se la jugaron “para restaurar estos bienes inmuebles de la nación”, pero ahora “no nos han pagado un solo centavo, de este programa, lo cual hace más complicado la situación de las empresas”.
En el otro caso, las obras de reconstrucción, agregan, “tiene un avance de aproximadamente 50 por ciento del total de las edificaciones intervenidas, lo que representa alrededor que 300 templos están ya terminados a ciento por ciento”.
Hasta ahí, se trata de una historia de éxito en la reconstrucción, pero luego viene el tema de los pagos que no se han realizado y que tienen a muchas de estas 160 empresas y empresarios al borde de la quiebra, en plena pandemia.
“Han pagado a las empresas restauradoras (constructoras) alrededor de 70 por ciento, pero aún se adeuda, desde hace 2 años a la fecha, la diferencia de 30 por ciento. Esto ha generado que varias empresas estén a punto de quebrar, ya que invirtieron sus recursos y ahora los traen sin respuesta y con engaños y promesa de pago”, denuncian.
Entre las dos oficinas, de Puebla y centrales, cambian un día sí y el otro también, aseguran, los requisitos y, principalmente, “violan la normatividad de México”.
En el colmo, hasta les han argumentado que falta definir ¡todavía! “el llenado de las bitácoras electrónicas” y, encima de no pagarles, “les piden a los contratistas copias, papelería, bolígrafos y demás utensilios de trabajo, que debería absorber el Centro INAH Puebla”.
Los constructores han pedido la intervención de Instituto, que está bajo tutela de la Secretaría de Cultura.
Esta no es la primera queja sobre el Centro INAH en Puebla, que también ha sido señalado por no defender el patrimonio histórico poblano, como en el caso de la agresión de la fotógrafa “La Triste Alatriste”, quien pegó algunas de sus “obras” en los medallones de la Catedral.
Las ruinas administrativas del Instituto son ya muy evidentes, están dejando en ruinas a estas constructoras, que creyeron en sus directivos.
