Así lo informó el titular de la PROFEPA, Guillermo Haro Bélchez, quien señaló que lo anterior derivó de la atención a 1,955 denuncias ciudadanas hechas en las Delegaciones Federales que tiene la Procuraduría en las 32 entidades de la República, así como en la atención a 1,621 emergencias ambientales.

Durante su participación en la Reunión Nacional de Delegados en el marco de la COP13, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, indicó que la PROFEPA, además, ha verificado 450 mil movimientos fronterizos en el mismo periodo de tiempo

“Se inspeccionó 2.3 millones de metros cúbicos de madera regulada por la SEMARNAT; 3.5 millones de toneladas de residuos y sustancias peligrosas. Además, ha evitado el ingreso al país de 489 casos de plagas de importancia cuarentenaria”, manifestó.

En el Programa de Inspección a Minas, esta Procuraduría ha realizado 1,502 visitas de inspección a las 1,134 instalaciones mineras en el país, donde ha impuesto un total de 97 clausuras.

Respecto a la industria automotriz la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lleva el 99 por ciento de las empresas inspeccionadas, y ha impuesto un total de 209.7 millones de pesos en multas por el incumplimiento a la legislación ambiental vigente.

En materia de Recursos Naturales se han llevado a cabo 37,365 inspecciones en el periodo de 2013 a la fecha, donde se han priorizado de manera eficaz los operativos para combatir ilícitos ambientales.

Tan solo en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (RBMM) se efectuaron 2,245 acciones de inspección y vigilancia (operativos, recorridos de verificación, inspecciones y filtros de revisión al transporte).

Por lo anterior, ha disminuido la degradación de cobertura forestal por tala ilegal en la RBMM, pues del 2007 a 2012 se tenía un conteo de 325 hectáreas afectadas, pero del 2013 a la fecha tan solo se cuenta con 54.8 hectáreas con pérdida de cobertura forestal.

Es importante destacar en los últimos tres años se formaron 85 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa en la RBMM, lo que representa un incremento de más del 400% con respecto al periodo 2007-2012,  lo que permite contar con una red ciudadana de vigilancia permanente en más del 85% de la superficie total de la reserva.

En el mismo periodo de tiempo aumento en 102 por ciento la clausura y desmantelamiento de aserraderos ilegales (101 en total).

El titular de la PROFEPA también manifestó que durante la actual administración se atendieron 439 contingencias, en promedio 110 por año, debido en gran medida a la instalación de red de varamientos de mamíferos marinos.

En materia de acciones en el Alto Golfo y Zona de Refugio de la Vaquita Marina, con el 57 % de recorridos realizados se incrementó el aseguramiento del 72 % de artes de pesca y se disminuyó en 22 % el aseguramiento de embarcaciones.

El aumento en la eficiencia de los recorridos ha permitido que se retiren las redes ilegales antes de que se cometan los ilícitos (retiro de redes con el producto).

La Procuraduría ha fortalecido sus esquemas y equipos de vigilancia (estrategia integral, sistemas satelitales, aviones no tripulados, etc.).

Destacó que para la PROFEPA es de suma importancia la autorregulación de las empresas, de todos los sectores, por lo que  actualmente esta Procuraduría emitió,  a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), 105 certificados ambientales en Calidad Ambiental Turística. A la fecha cuenta con 71 certificados en Calidad Ambiental Turística vigentes.

La estrategia para impulsar la certificación de instalaciones turísticas se ve complementada con la promoción de un nuevo Reconocimiento de Destino Turístico Limpio, del cual ya se efectuó la primera entrega al Fideicomiso Bahía de Banderas en Nayarit.

El Certificado de Calidad Ambiental Turística ha sido reconocido por su metodología por la SECTUR, misma que otorga el Distintivo “S” a empresas que cuentan con el mismo.

Además, se ha impulsado la promoción del PNAA a través de la firma de convenios con  asociaciones, cámaras  e instituciones para generar vínculos y acciones concertadas con sectores estratégicos que son prioritarios para el Programa.

Por último, manifestó que el Reconocimiento de Excelencia Ambiental, por primera vez ha tenido continuidad y se ha entregado dos años consecutivos con el objetivo de que sea anual, con el cual se reconoce a las empresas que demostraron mejoras continuas en su desempeño ambiental, que fomentan el liderazgo ambiental y la adopción de prácticas y estándares internacionales de desempeño sustentable.

En el ámbito jurídico, la PROFEPA este año llevó a cabo un Programa de implementación del régimen constitucional de responsabilidad ambiental, que permite que a través de cada inspección se verifique la presencia de daños ambientales para, en su caso, ordenar las medidas de reparación y compensación correspondientes.

Asimismo, se presentaron 676 denuncias penales a la PGR, se implementó un protocolo para grandes delincuentes ambientales que ocasionan daños al entorno y resisten los mandamientos de la PROFEPA. En estos casos Se presentaron dos acciones judiciales de responsabilidad ambiental demandando la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y la orden de reparación del año por el Poder Judicial.

Se suscribió un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se emitieron criterios para atenderlas en el procedimiento administrativo, reconociendo su interés legal en las actuaciones de la Procuraduría.

Se contrató y capacitó a un grupo de peritos de tiempo completo en las materias de criminalística, daño forestal, impacto ambiental y biología a efecto de desarrollar y profesionalizar las  pruebas científicas que utiliza la institución en los procedimientos administrativos, penales y judiciales.

La Profepa completó el diseño de una serie de reformas normativas tanto orgánicas como procesales que le permitirán en el 2017 actuar con mayor eficacia, contundencia y transparencia.