Gobierno del estado asume la seguridad en Tehuacán, encuentran anomalías
De acuerdo con el titular del área, Jesús Morales Rodríguez, el estado de fuerza de Tehuacán es de 368 uniformados sin embargo hasta el momento solo 255 están a disposición de la autoridad para ser evaluados y 113 no han sido localizados, situación que comparten con el secretario de seguridad municipal, el director de la policía y su homólogo de tránsito.
En conferencia de prensa, Morales Rodríguez agregó que de los 255 elementos que tienen a disposición en el Centro de Control y Evaluación de Tehuacán, hasta las 14:00 horas solo 20 no habían acreditado contar con algún registro que les permitiera ostentar el cargo de policías o agentes de vialidad, sin embargo dicha cifra podría aumentar conforme avancen las pruebas.
"En este momento llevamos 20 personas que no acreditan su permanencia como policía municipal (...) son 20 que no acreditan nada, como lo establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, recordemos que nadie puede ser policía si no tiene pruebas de confianza, toxicológicas, psicométricas. Entonces no los podemos llamar policías, solo les dieron un arma y una credencial", precisó.
En lo que hace a la investigación de los otros 113 uniformados que aparecen en el registro, se deberá determinar si existen y en caso de que así sea, que acrediten que cuentan con los exámenes de confiabilidad y demás pruebas que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Fallas en el CERIT y el juzgado calificador
Morales Rodríguez además indicó que en las primeras inspecciones se detectó que el CERIT no está conectado en su totalidad al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), ya que está oficina contaba con dos líneas para recibir llamadas de auxilio, las cuales eran atendidas de forma discrecional.
"Existían dos números de emergencia y los despachos de policías se daban según a la decisión que alguien tomara dentro de la Policía Municipal, es decir, servicios discrecionales", reveló el secretario de Seguridad Pública Estatal.
Asimismo señaló que el juzgado calificador tomaba decisiones fuera de sus funciones, ya que era el filtro para determinar qué detenidos eran presentados ante un Ministerio Público y cuáles eran liberados.
Es de recordar que las tres inconsistencias enunciadas, son constantes que se presentaron en el municipio de San Martín Texmelucan, donde el gobierno del Estado también aplicó un decreto constitucional para tomar el control de la seguridad ante la ineficiencia de la autoridad local.
