¡Síguenos!Autoridades lo vinculan con suministros tecnológicos para entidades nucleares iraníes.
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Jamshid Ghomi, director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán, fue detenido este miércoles tras ser señalado por presuntamente vender tecnología informática estadounidense al gobierno iraní, de acuerdo con una denuncia penal federal presentada por autoridades estadounidenses.
El empresario fue acusado de “violar las sanciones estadounidenses contra Irán al adquirir sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense para clientes iraníes, incluidos los centros nucleares y militares del régimen iraní”, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades sostienen que Ghomi obtuvo beneficios económicos mediante el suministro de tecnología estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán y a otras entidades sujetas a sanciones, relacionadas con el programa nuclear iraní.
“La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán”, declaró John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional.
El hombre, de 63 años y residente de Newport Coast, California, enfrenta una acusación por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Está previsto que comparezca el jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Santa Ana, California. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.
Ghomi, con nacionalidad estadounidense e iraní, es fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), compañía especializada en redes informáticas con sede en Teherán.
Según las autoridades, entre 2011 y 2023 utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, además de empresas fachada y agentes de transporte en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar tecnología estadounidense controlada a Irán sin contar con las licencias requeridas.
La denuncia sostiene que tomó medidas para ocultar las operaciones, incluyendo instrucciones para omitir su nombre en documentación de envío y esconder equipos informáticos dentro de cargamentos más grandes.
Las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dólares y abastecían a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes. Una parte de esas operaciones, según las autoridades, tenía como destino usuarios considerados sensibles dentro de los sectores nuclear y militar iraní.
El caso es investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
