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Transparencia y Acceso a la información pública: derecho democrático

152 días para que Diputados contestaran solicitudes de ONG’s sobre la participación en la nueva Ley de Transparencia en Puebla
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En el marco del quinto Aniversario del Portal de Transparencia con los Ojos Abiertos, el Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla, llevó a cabo la conferencia Transparencia en Puebla. Los retos tras la armonización de la ley de transparencia y acceso a la información pública, la cual tuvo como ponentes a José Manuel Rodoreda, Miriam Carrillo Ruiz y Ernesto Aroche Aguilar, y como moderador a Lilia Ma. Vélez Iglesias.

José Manuel Rodoreda, del Nodo de Transparencia, realizó una narración cronológica de una serie de hechos que realizaron las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para presentar ante el Congreso del Estado, una propuesta de armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A la iniciativa presentada el 27 de abril, las ONGs hicieron siete observaciones al Congreso del Estado, de las cuales cuatro no fueron tomadas en cuenta, dos las tomaron parcialmente y una la aceptaron. Mientras que la Universidad Iberoamericana Puebla presentó diez y sólo cinco fueron incorporadas.

Por su parte, Miriam Carrillo Ruiz, académica-investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), abordó cuatro rubros sobre el tema en cuestión: contexto histórico jurídico, alcances de la armonización legislativa, temas relevantes en la nueva ley y retos y consideraciones finales.

Citando al Mtro. Rodolfo Vergara Blanco, la investigadora de la BUAP comentó  Hablar de transparencia y acceso a la información pública, es hacer alusión a un derecho democrático por excelencia. Un derecho humano que puede ser ejercido por cualquier persona, derecho humano que así, en este momento, se dispone en nuestra ley estatal, que faculta a cualquier persona a solicitar, investigar, difundir y recibir información.

En el rubro de la armonización legislativa, Miriam Carrillo destacó que la armonización de las leyes significa tender puentes entre las mismas, ponerlas en diálogo para un resultado óptimo y lograr así, la efectividad de los derechos consagrados en dichas disposiciones legales. Para Pérez (2009), la armonización legislativa no es una simple homologación ni una recepción directa de los instrumentos internacionales en la legislación federal y local”. 

Asimismo, la especialista en Transparencia, argumentó que las leyes de acceso a la información pública, son instrumentos que contribuyen a la formación de sociedades más democráticas, es por ello que bajo esta premisa no es posible concebir a ningún gobierno que se califique de ser democrático, sin que exista transparencia, acceso a la información y en consecuencia rendición de cuentas.

En el eje temas relevantes en la nueva ley, la Mtra. Carrillo Ruiz puntualizó varios aspectos a considerar, tales como la incorporación de nuevos sujetos obligados, así como el Gobierno Abiertocomo práctica importante; posibilidad de realizar solicitudes de acceso a la información de forma verbal, por vía fax, telefónica o correo postal; modifica los plazos de los procedimientos de atención a las solicitudes de información, así como el nombre del órgano garante estatal: Comisión para Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (CAIP).

En lo concerniente al tema retos y consideraciones finales, expresó que los instrumentos legales por sí mismos no resuelven ni transforman una realidad social, la importancia de los mismos radica en que la sociedad conozca dichas leyes, las utilice, las haga propias y con ello dimensionemos la importancia de tomar decisiones sustentadas en información fidedigna. Debemos ser capaces de dialogar, cuestionar y aportar soluciones a la construcción democrática de nuestro país.

Finalmente, Ernesto Aroche Aguilar, director de Lado B, desglosó una serie de acontecimientos que se suscitaron una vez que entró en vigor la nueva Ley de Transparencia. Lo que veo de grave más allá de contratos negados e información clasificada como reservada, es que la administración que llegará en febrero próximo no ha mostrado en la práctica que su interés en el derecho de acceso a la información sea diferente, forma parte del mismo gobierno que de manera sistemática ha mostrado que en Puebla la opacidad es política pública.

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