En Comisiones Unidas de Bienestar y Asuntos Municipales, las y los diputados de la LXI Legislatura aprobaron un exhorto para que los 217 ayuntamientos del estado implementen y elaboren programas sociales con perspectiva de bienestar para personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de impulsar su calidad de vida.

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Bienestar, José Antonio López Ruíz, explicó que el objetivo de este exhorto es para que las y los alcaldes de los municipios tomen en cuenta estadísticas de pobreza e indicadores de desarrollo social para la implementación de programas sociales, con el objetivo de que no estén basados en “ocurrencias”.

La diputada Isabel Merlo Talavera propuso que la LXI Legislatura se distinga por ser una de las principales defensoras de las arcas municipales y se pida al Congreso de la Unión que fortalezca a los municipios con los recursos necesarios que permitan desarrollar infraestructura social municipal.

En sesión de las Comisiones Unidas de Transparencia y Asuntos Municipales, las y los diputados aprobaron dos exhortos para que los 217 gobiernos municipales cumplan con las obligaciones que tienen en materia de transparencia.

En un primer Punto de Acuerdo se aprobó solicitar la intervención del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla para que colabore con los municipios y fomente el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

A través de un segundo Punto de Acuerdo, el exhorto fue dirigido a los ayuntamientos para que publiquen, difundan y mantengan actualizada y accesible la información de las obligaciones de transparencia generales y específicas que les son aplicables.

Las y los diputados que integran las Comisiones Unidas de Grupos Vulnerables y Asuntos Municipales aprobaron un Punto de Acuerdo para exhortar a los municipios a que garanticen una atención eficiente, expedita y preferente para las personas adultas mayores.

En este exhorto se planteó que se explique la atención preferente dirigida a las personas de la tercera edad y, de ser necesario, se adapten las oficinas para garantizar esta atención.